Quito, Santiago Acurio, experto en Delitos Informáticos de la Fiscalía, explica que ilícitos como la clonación de tarjetas de crédito y débito y documentos han aumentado en el país en los últimos años, en la misma medida en que ha disminuido la brecha tecnológica, es decir, el acceso de la ciudadanía a herramientas como internet.
Pese a que existe una ley desde el 2002, en la que se tipifican algunas formas de delitos informáticos como: fraudes, acceso no acreditado a sistemas de información, daños informáticos, etc., Acurio sostiene que es necesaria una actualización de la Ley de Comercio Electrónico para definir nuevos tipos penales y mejorar la legislación para combatir otras formas del delito en esta área.
“Entre otros aspectos se debería tipificar como delito la interceptación de comunicaciones, el uso de dispositivos para lograr la intercepción de comunicaciones”, expresa Acurio.
Además, cree que se debería reformar el tema de la posesión de pornografía infantil, los procedimientos para el manejo de evidencia digital y también, dentro de una investigación, abrir la posibilidad de que operadores de justicia puedan acceder a la información que mantienen los proveedores de servicios de internet.
El especialista reconoce que tanto la Fiscalía como la Policía han hecho esfuerzos para capacitar a su personal sobre esta forma de delinquir, pero aún no poseen herramientas para adquirir, preservar y recuperar evidencias digitales. Además, los jueces deben tener un mayor adiestramiento para manejar estas evidencias que no son físicas sino intangibles.
Según Acurio, no existe una seguridad total para el usuario debido al enorme campo que incluye el mundo virtual. Pese a ello, cree que para minimizar los efectos de este tipo de delitos lo importante es prevenir, mediante la educación sobre temas de seguridad, y sancionar a través de normas legales que castiguen específicamente este tipo de actos delictivos.
Insiste en que para superar la cifra negra sobre estos ilícitos, ya sea porque la gente no denuncia o porque no existe la tipificación de un delito, la sociedad debe denunciar y el Estado garantizar mecanismos estadísticos y de juzgamiento.
“Los fraudes y estafas mediante nuevas tecnologías de la información pueden ser menores, siempre y cuando la gente sepa que no puede entregar su información en cualquier lado o que el banco no le va ha pedir información por medio de e-mail o por teléfono”, expresa.
Concluye en que es imperante que el aparato público (policías, jueces, Superintendencia de Bancos, entre otros) y privado (bancos, cooperativas, casas comerciales) se reúnan para definir estrategias que brinden seguridad al usuario y combatan este ilícito.
Fuente:www.eluniverso.com
