Las entidades están buscando fórmulas para evitar que el escándalo de las preferentes se convierta en una quiebra insanable de su imagen corporativa y causa de pérdida de clientes. Muchas han ofrecido canjes por acciones o depósitos, pero las que cuentan con ayudas públicas tienen las manos atadas.
Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el saldo de las participaciones preferentes en manos de minoristas se ha reducido hasta los 5.600 millones de euros. Sólo en el primer trimestre de este año, este importe se ha reducido un 38% y, según afirmó recientemente el presidente del Gobierno en una comparecencia parlamentaria, la caída acumulada desde el pico alcanza el 60%.
Tras el estallido de la crisis, el valor de las preferentes emitidas por las entidades españolas en el mercado secundario ha caído en picado y la liquidez de estos instrumentos híbridos se ha ulteriormente restringido. La situación empeoró cuando la CNMV impidió el mercado interno de las preferentes, es decir que las entidades recompraran al 100% del valor sus emisiones para sustituirlas con otras. Dicho de otra forma: miles de inversores particulares se han visto atrapados en un producto que no pueden vender si no a costa de perder buena parte de la inversión inicial.
Por si fuera poco, en muchos casos el inversor ya ni siquiera recibe el cupón prometido, ya que el emisor no tiene beneficios suficientes para pagarlo.
El problema está en que, en la mayoría de los casos, las preferentes no se han comercializado con las debidas cautelas. Son un producto complejo, que no debería estar en la cartera de un inversor con perfil conservador. Sin embargo, sobre todo a partir del año 2009, la banca española las ha vendido masivamente a través de su red de oficinas.
En particular, las cajas de ahorros utilizaron las preferentes para mejorar sus ratio de capital, ya que era la única forma que tenían para acudir al mercado.
Canjes
Ante esta situación, las entidades están buscando fórmulas para dar una solución a sus clientes y evitar el daño reputacional que puede provocar una realidad que ha sido duramente criticada incluso por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ambos han reconocido que las preferentes no habrían tenido que comercializarse entre inversores particulares y han criticado la actuación de la banca.
Una de las soluciones ofrecidas por los bancos es el canje de preferentes por acciones. Ya a finales de 2011, Santander ofreció esta posibilidad a los tenedores de sus preferentes emitidas en 2007. Canjeó al 100% del valor nominal. Cabe recordar que las preferentes no computan como capital de primera categoría, según la definición de coreTier1 que ha decidido la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Por eso, las entidades se han lanzado a buscar la forma de cambiar estos productos por otros que sí se consideran recursos de máxima solvencia, como las acciones y, al mismo tiempo, ofrecer al cliente la posibilidad de trasferir su inversión sobre títulos más líquidos.
También lo ha hecho, por ejemplo, Sabadell para rescatar las preferentes de CAM, que adquirió en subasta a finales de 2011. En concreto, el banco que preside Josep Oliu lanzó a mediados de junio una oferta de canje por acciones sobre 1.630,6 millones de euros de participaciones preferentes y deuda subordinada de Banco CAM. Se ha ofrecido a recomprar estos títulos al 100% de su valor nominal y, además, ha ofrecido una prima en efectivo de hasta el 24% si el inversor mantiene los títulos recibidos de Sabadell en cartera durante, al menos, cuatro años.
Bankia también canjeó preferentes, emitidas por Bancaja y Caixa Laietana, por acciones del grupo, antes de ser intervenida. Pagó un 75% del nominal, con la posibilidad de llegar al 100% si se mantenían los títulos durante un plazo determinado. No obstante, de este canje se quedaron fuera las preferentes emitidas por Caja Madrid.
Los convertibles
Otra opción, elegida por ejemplo por BBVA, o CaixaBank, o Popular, es la de canjear las preferentes por bonos obligatoriamente convertibles en acciones. BBVA emitió en noviembre casi 3.500 millones de convertibles para ofrecer este canje a sus inversores. A su vez, la oferta de CaixaBank afectó a casi 5.000 millones de euros de preferentes.
Los bonos convertibles son un producto de deuda que, sin embargo, en un plazo establecido de tiempo, serán transformados en acciones. Su riesgo, por lo tanto, reside en cómo evoluciona el precio de la acción de la entidad, que determina el valor al que se realiza el canje.
En el caso de Banco Popular, el canje ofrecido en marzo sobre preferentes suyas y del recién adquirido Banco Pastor se hizo por bonos contingentes convertibles, los conocidos como CoCos. Estos bonos tienen un plazo de vencimiento y, sin embargo, pueden ser convertidos automáticamente en acciones en el momento en que la solvencia del emisor bajara de un determinado nivel. En su oferta, Popular evitó a los inversores tener que asumir el riesgo de canje: anunció que la conversión se realizará a precio de mercado, cogiendo la media aritmética de la cotización en los cinco días anteriores al canje, lo que limita el riesgo de asumir pérdidas por el descenso de los títulos, con respecto a las conversiones que se realizan a un precio establecido de antemano.
Los depósitos
Otras entidades han optado por canjear las preferentes por depósitos a largo plazo. Así, por ejemplo, lo ha hecho CajaEspañaDuero, que ha ofrecido recomprar las participaciones pagándolas al 100% de su valor nominal, transformándolas en depósitos a cinco años, con una rentabilidad de hasta el 2%. Otras entidades que se han decidido en este sentido son Liberbank y CajaSur (integrada en BBK).
Con este tipo de canje, la entidad financiera se asegura mantener el importe de las preferentes en su balance como liquidez. Sin embargo, transforma un producto que no garantiza al inversor la recuperación del capital invertido con otro que está garantizado.
Los límites de la ayuda pública
La decisión final sobre cómo actuar con las preferentes, sin embargo, no le tocará a la entidad en el caso de aquellas que vayan a recibir ayudas públicas. España ha pedido hasta 100.000 millones a Europa para terminar la restructuración del sistema financiero y Bruselas ha impuesto condiciones para conceder este préstamo.
Una de ellas es que los tenedores de títulos híbridos de las entidades participen del coste del rescate, para evitar que toda la carga pese sobre los contribuyentes. Es decir, que las entidades que reciban ayuda no podrán recomprar las preferentes al 100% de su valor nominal y tendrán que imponer quitas. A cuánto ascenderán estas quitas es lo que se está negociando ahora mismo.
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