«Los desafíos que presenta en términos de gobernanza, transparencia y ética son considerables y reflejan la necesidad de una transformación profunda en el sistema chileno. Más allá de la tecnología, el cambio clave radica en cómo estas instituciones gestionan sus decisiones y operaciones, y cómo se relacionan con sus públicos y clientes».
La promulgación de la Ley Fintech en Chile ha sido celebrada como un paso hacia la modernización y democratización de los servicios financieros. Esta normativa busca impulsar la innovación, inclusión y competencia mediante avances tecnológicos para que más personas y pymes puedan acceder a financiamiento. Sin embargo, los desafíos que presenta en términos de gobernanza, transparencia y ética son considerables y reflejan la necesidad de una transformación profunda en el sistema chileno. Más allá de la tecnología, el cambio clave radica en cómo estas instituciones gestionan sus decisiones y operaciones, y cómo se relacionan con sus públicos y clientes.
Los recientes casos de fraude en el sistema financiero revelan una falta de supervisión tanto de las autoridades fiscalizadoras como de los controles internos de las empresas. Según la OCDE, Chile se encuentra entre los países con menor percepción de confianza en las instituciones financieras, con solo un 30% de la población expresando confianza plena, frente al 45% promedio de la OCDE. Estos bajos niveles de confianza se deben en gran parte a los escándalos de fraude y corrupción que han marcado la última década, subrayando la necesidad de fortalecer la transparencia y los gobiernos corporativos.
Un gobierno corporativo sólido debe basarse en la transparencia, gestión de riesgos y protección de los intereses de los stakeholders. Es esencial garantizar la supervisión adecuada de directores y ejecutivos, priorizando la estabilidad financiera y la integridad operativa. Las prácticas éticas deben fomentarse para restaurar la confianza de los consumidores, asegurando además el cumplimiento de regulaciones que minimicen riesgos legales y reputacionales en un sector tan sensible como el financiero. En un mundo digital donde la información es crucial, los consumidores demandan claridad y honestidad en los productos financieros y el uso de sus datos.
La Ley Fintech tiene el potencial de transformar profundamente el sistema financiero chileno, pero su éxito dependerá de la capacidad de las empresas para adoptar una visión de largo plazo basada en la ética, responsabilidad y transparencia, y de que las autoridades refuercen la fiscalización con un marco regulatorio eficiente. Esto requiere no solo cumplir con las normativas, sino promover una cultura de gobierno corporativo en todos los niveles. Se deben fortalecer las prácticas de supervisión y mecanismos de control en la toma de decisiones, exigiendo a los líderes un compromiso real con la integridad y el respeto hacia los consumidores.
Por el lado del regulador, en tanto, la responsabilidad no sólo está en emitir las normas con las cuales se asegure la sana competencia, sino asegurar también que éstas sean ponderadas, es decir, que regulen de manera adecuada por tamaño, sector, riesgo, entre otros factores. Y es que este nuevo ecosistema busca favorecer a las pymes de Chile, por lo que, aunque todos los actores contribuyan, si no se regula de manera adecuada la Ley Fintech no cumplirá sus objetivos.
Chile está en un punto clave para consolidar un sistema financiero más transparente, sostenible e inclusivo. El éxito de la Ley Fintech no se medirá solo por el número de actores que entren al mercado, sino por su capacidad para adaptarse a las nuevas reglas de juego: transparencia en costos y riesgos, protección de los datos de los usuarios y responsabilidad en la toma de decisiones. Este es el momento de actuar. El sistema financiero chileno debe hacer de la transparencia y la ética los pilares sobre los que se construya la confianza y el futuro del sector.
Fuente: La Tercera
