A mediados de 2016, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, encabezó una reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional con un grupo de empresarios del sector financiero que buscaban la posibilidad de regular a las empresas de tecnología financiera (fintech), un sector naciente en México y el mundo cuya disrupción -aproximadamente desde 2009- poco a poco comenzaba a cuestionar los modelos de negocio tradicionales del sistema financiero global, hasta ahora inquebrantables.
“El debate se centró en torno a si debía ser una circular, algo normativo o una ley”, recuerda Jorge Ortiz, de la Asociación Fintech México, una organización sin fines de lucro que creó en junio de 2015 -y que hoy preside el ex líder de Bankaool, Francisco Meré- tras ver que en el país ya existía un número significativo de emprendimientos fintech.
Algunos en etapa de idea, otros con plataformas creadas y un par más con buena tracción.
Por ejemplo: Clip, empresa que ofrece un lector de pagos móviles a los comercios; Kubo.financiero, un sitio de préstamos persona a persona; y Fondeadora, una de las primeras plataformas mexicanas de financiamiento colectivo (crowdfunding).
“Nos dimos cuenta que luchaban solas. La batalla era desde entender el marco regulatorio -si les aplicaba o no les aplicaba-, hasta hacer la difusión adecuada de éstas; o bien, fomentar la educación y cultura en el tema”, agrega Ortiz, también inversionista y exvicepresidente de Banca Privada de Citi.
Una norma o circular parecía ser “el camino fácil”. Pero Videgaray apuntó a los presentes que la apuesta debía ser una ley. “Llegó bastante empapado del tema, incluso emocionado, porque a él como a todos le entusiasmaba desarrollar y consolidar esta industria en el país”.
A partir de aquel momento el gobierno, los bancos, asociaciones, inversionistas y empresas fintech comenzaron a delinear en conjunto y de manera armoniosa un trabajo de dos años y medio para hacer realidad la Ley de Tecnología Financiera. Y que en diciembre de 2017 concretó su primer logro, pues de manera unánime fue aprobada por el Senado.
El dictamen busca fomentar la innovación en los productos y servicios ofertados a los clientes, además de reducir la brecha de inclusión financiera y a su vez acelerar el número de personas bancarizadas.
El total de mexicanos que cuentan con al menos un producto financiero apenas creció dos puntos porcentuales de 2012 a 2016, al pasar de 56% a 58%, de acuerdo con datos de la última Encuesta de Inclusión Financiera, elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
También busca promover la competencia, brindar protección a los clientes, preservar la estabilidad financiera, proteger las operaciones contra el lavado de dinero y sobre todo, otorgar certidumbre a los inversionistas para apostar por una industria mexicana que al momento registra alrededor de 280 millones de dólares invertidos en empresas por parte de 54 fondos nacionales e internacionales, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap).
María Ariza, la directora del organismo, señaló en diciembre que actualmente hay 800 millones dólares disponibles en capital de riesgo para startups de otras industrias, aunque la de tecnología financiera se perfila como una de las más atractivas para llevarse la mayor rebanada del pastel.
UNA LEY AMPLIA
El objetivo de la industria en México -al estar respaldada por una ley-, coinciden las partes involucradas, es convertir a México en la capital fintech de Latinoamérica. Ningún otro país ha logrado avanzar en el tema, pese a que existen más de 700 empresas en la región.
De acuerdo con un análisis de la aceleradora Finnovista y el Banco Interamericano de Desarrollo, en México se contabilizan alrededor de 238.“(Los países) están analizando lo que se está haciendo aquí, pero nadie está cerca de tener un borrador o algo similar a lo que la industria mexicana ha logrado”, explica Ortiz. Ni siquiera Brasil, que disputa el primer lugar con México en cuanto a la creación de startups fintech.
Además, señala el inversionista, la ley mexicana se perfila a ser quizá de las más completas a nivel mundial, junto con la de gran Bretaña y Singapur. El resto de las regulaciones hasta ahora sólo se enfocan en consultas o lineamientos generales, señala.
En México, la Ley regulará a las empresas de pagos electrónicos y crowdfunding, denominadas en el documento como Instituciones de Tecnología Financiera (ITF). También a los activos virtuales, en los que podrían entrar las divisas digitales como Bitcoin, Ethereum o Ripple, y de los cuales el Banco de México regulará exclusivamente por su grado de complejidad.
Además, incluye un apartado que crea la figura de Empresas Innovadoras, mejor conocidas en la legislación británica como regulatory sandbox, que autorizará temporalmente a nuevas empresas y bancos el probar modelos de negocio diferentes a los aplicados por las ITF.
El esquema permitirá a los empresarios y reguladores probar el modelo de negocio e identificar si viola o no alguna ley y así poderlo incluir a la legislación general. Hasta el momento sólo Gran Bretaña y Singapur regulan formalmente este esquema.
LARGO CAMINO POR RECORRER
Pese a que la ley fue aprobada por el Senado el 7 de diciembre de 2017, ésta no logró contar después con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados en tiempo y forma, cuyo período ordinario de sesiones, por celebraciones de fin de año, finalizó ocho días después de haber sido aprobada.
Los trabajos no se reanudaron hasta que este mes, el 21 de febrero, fue aprobada en Comisiones y finalmente avalada por los legisladores este 1 de marzo.
Sin embargo su entrada en vigor no es el final del camino. La mayor preocupación de asociaciones, empresas y organizaciones radica en el tema de los tiempos en la carrera de la innovación.
La CNBV y la Secretaría de Hacienda aún deben trabajar para modificar las leyes secundarias que finalmente pondrían en marcha la regulación, principalmente en temas de requerimientos de capital para que las empresas puedan operar y la apertura de la interfaz de programación de aplicaciones (API), con la que tanto la banca como las ITF podrían compartir información para enriquecer sus productos financieros.
En Gran Bretaña, por ejemplo, esta última política denominada Open Banking Implementation Entity (OBIE) entró en vigor en enero, lo que le dará ventaja sobre otras naciones, como México.
En el país el plazo para poner en marcha la apertura de las API puede consumir hasta dos años, entrando en vigor en el año 2020.
Actualmente, el mundo comienza a girar los ojos a una industria que hasta el tercer trimestre de 2017 generó un total de 800,000 millones de dólares de inversión a nivel mundial, contando a la región de las Américas, Estados Unidos, Europa y Asia, de acuerdo con un reporte de la consultora KPMG.
En México, la legislación será el primer paso para generar una cultura fintech, en la que en un panorama utópico todas las personas que utilicen el transporte público o vayan a comer, paguen con su celular sin utilizar un solo peso en efectivo.
“Esto no es el futuro, en China esto ya sucede todos los días”, advierte Ortiz.
