Editorial Diario Financiero
Un reciente informe sobre el excelente año que están teniendo las empresas FinTech en su búsqueda de financiamiento en América Latina, consignado en nuestra edición del lunes, parece un buen incentivo -uno más- para imprimir celeridad al proyecto de ley que esa industria viene pidiendo hace unos tres años en nuestro país, y que el Gobierno se ha comprometido a enviar al Congreso durante el segundo semestre, tras varios retrasos.
Según ese documento, las empresas del rubro FinTech en la región obtuvieron US$ 7.598 millones en inversiones sólo en el primer semestre de este año, más del doble de lo recaudado en todo 2020. De eso, las empresas chilenas lograron alrededor de US$ 123 millones en estos seis meses, casi cinco veces el monto del año pasado. De hecho, una firma local se ha convertido en la InsurTech latina de mayor valorización en el mercado. El dinamismo de este pujante nuevo sector de la industria financiera queda de manifiesto, por ejemplo, en la cantidad y frecuencia de artículos que este diario publica regularmente.
Desde la llegada de importantes plataformas tecnológicas extranjeras a Chile, a la expansión de innovadoras apuestas nacionales hacia otros mercados, la relevancia del rubro para la nueva economía está fuera de duda.
Por otro lado, noticias como la reciente controversia entre las empresas de tarjetas de prepago y la multinacional Walmart ilustran -más allá de las partes- cómo la tecnología y la inclusión financiera van hoy necesariamente de la mano (lo que a su vez supone un reto adicional para la confiabilidad de las empresas). Industrias innovadoras y disruptivas como las FinTech reescribirán no pocas reglas del mercado financiero tal como lo conocemos, en un proceso de cambio acelerado al que es preciso sumarse (y adaptarse) con buen criterio, pero sin vacilaciones.
El proyecto de ley que busca normar esta actividad es sólo uno de los desafíos regulatorios que nos impone la nueva economía -el mercado laboral de las aplicaciones móviles es otro ejemplo-, y con la cual los ritmos legislativos deben aprender a lidiar.
