Fuente: La Tercera
PayU, EBANX y dLocal lograran frenar la arremetida de las operadoras de tarjetas internacionales, que anunciaron un cambio en sus condiciones comerciales a las empresas que realicen operaciones fuera de sus mercados de origen. En los tres casos, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió medidas cautelares que paralizan las modificaciones. Mientras, Mastercard defiende los cambios comerciales a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP).
El conflicto entre las Fintech, Mastercard, Visa, American Express y Transbank no acaba. El pasado 5 de mayo de 2022, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió una medida cautelar solicitada por PayU -un Proveedor de Servicios de Pago (PSP)-, ordenando a las marcas de tarjetas seguir permitiendo que esta última continúe desarrollando la subadquirencia transfronteriza.
Se trata de la tercera PSP involucrada en la disputa, luego que anteriormente EBANX y dLocal lograran frenar la arremetida de las operadoras de tarjetas internacionales, que anunciaron un cambio en sus condiciones comerciales a las empresas que realicen operaciones fuera de sus mercados de origen. En términos simples, por ejemplo, una PSP que reciba el pago del servicio de Netflix, Uber, Amazon o Alibabá, entre otros, estaría sujeto al cobro de mayores comisiones, pues las oficinas centrales de estos proveedores están fuera de Chile.
Ante el TDLC, Mastercard explicó que la puesta en marcha del denominado Programa Payment Intermediary Foreign Exchange Operators (Programa PIFO, en su sigla en inglés) busca generar transparencia en la red y prevenir fraudes, blanqueo de activos, entre otras fallas de seguridad.
En contrapartida, las PSP aseguran que la introducción de dicha iniciativa haría inviable sus operaciones en Chile debido a un fuerte incremento en las comisiones que cobran las marcas de tarjetas. En efecto, según un escrito presentado por PayU, el PIFO implica un aumento en los merchant discount de este tipo de transacciones de un 153,37% en pagos con tarjeta de crédito y de un 305,32% para tarjetas de débito.
Por otro lado, el 10 de febrero de 2022, Transbank informó a las PSP que el costo de la migración tecnológica para el Programa PIFO se ha definido en 800 UF más IVA. A ello se suma que la inscripción tiene un costo determinado por Mastercard que asciende a US$4.200 más un recargo de un 35% por concepto de impuesto adicional establecido en el Art. 59 N°2 de la Ley de Impuesto a la Renta.
Otro antecedente relevante del caso es que el 2 de marzo de 2022, American Express (Amex) envió una carta a Transbank, en la que dicha marca reconoció que existe una incertidumbre legal sobre la materia, por lo cual Amex no impondrá sanciones a Transbank mientras no exista un pronunciamiento del TDLC y de la Corte Suprema, en su caso, sobre la compatibilidad con la normativa de libre competencia de las restricciones impuestas por las marcas internacionales de tarjetas a la denominada subadquirencia transfronteriza.
Demandas
Las tres medidas cautelares concedidas a las PSP las obliga a la presentación posteriormente de una demanda en un plazo determinado. PayU -representada por abogada Ximena Rojas- tiene 30 días para demandar a Mastercard, Visa y Transbank y el plazo vence el 10 de junio. El ilícito anticompetitivo que podrían acusar es abuso de posición dominante, materializado en una segmentación artificial del mercado de adquirencia y subadquirencia con efectos exclusorios.
