La infracción puede llegar a los 40 millones de pesos, si es que no cumplen con la normativa para evitar este tipo de ilícitos. También advirtió que la empresa Brink’s arriesga una disminución de sus operaciones.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, anunció que a partir de hoy el banco que sea propietario de un cajero automático que resulte destruido por delincuentes a través del método conocido como «bombazo» o «saturación por gas», será multado.
El anuncio lo realizó tras una reunión con una comisión de Carabineros en que se analizó la situación actual de los delitos contra los dispensadores, en la que notificó a las entidades bancarias que la multa puede llegar hasta los 40 millones de pesos.
«Nosotros hemos establecido que ‘cajero detonado es cajero multado’ y por lo tanto cualquier cajero que se detone en Chile se va a multar al banco correspondiente», enfatizó.
La autoridad agregó que si un banco cumple con las nuevas normas de seguridad acordados entre el Gobierno, Carabineros y la banca, estas máquinas no debieran sufrir el robo de sus gavetas con dinero.
Entre las principales medidas se encuentra un sistema de extracción de aire para evitar la acumulación de gas en las máquinas, mejoras en los anclajes, y protecciones contra elementos cortantes, fundentes (oxicorte), además de cámaras y alarmas sonoras y lumínicas.
En esa línea, Aleuy explicó que al día 31 de agosto, un total de 2.850 cajeros automáticos debieran contar con la nueva normativa de seguridad, lo que será fiscalizado a partir de hoy por la policía uniformada.
La idea, según puntualizó, es que al 31 de diciembre, un total de 5.347 dispensadores tengan las nuevas medidas y sean fiscalizados por Carabineros.
Brink’s arriesga baja en operaciones
El subsecretario del Interior informó que durante la reunión con el equipo de Carabineros, también se abordó el tema de la empresa Brink’s, afectada por el robo de $6 mil millones en el aeropuerto de Santiago.
La autoridad detalló que la entidad ha recibido un total de 100 infracciones por parte de la policía uniformada, debido a una serie de falencias a nivel de su personal, de logística y operativa.
«Por ello la decisión que hemos tomado es que a partir del 1 de octubre, si la empresa no regulariza el conjunto de observaciones que se le han hecho, van a reducir sus operaciones en un 30 por ciento», anunció.
Aleuy agregó que la reducción de las operaciones de la empresa será a nivel nacional si en el plazo estipulado no mejora las indicaciones y que también se solicitará a Carabineros un informe de todas las empresas que realicen transporte de valores en camiones blindados.
Fuente: Emol.
