Todo partió en mayo de este año. O por lo menos, así empezó el escándalo que hoy acusa Factor Plus, el factoring ligado a la familia Pedrero.
A inicios de ese mes, Andrés Skoknic, uno de los socios de la startup Easytask -firma de recursos humanos especializada en procesos de contratación-, se acercó a la gerenta de riesgo de la entidad financiera, María Jesús Pedrero.
Su objetivo era abrir una línea de factoring porque, según el joven empresario, su firma estaba creciendo y adquiriendo diversos clientes.
A mediados de ese mes las empresas Easytask SpA y Easytask Servicios Transitorios celebraron un contrato con Factor Plus. En él se aprobaron dos líneas, una para cada empresa, que sumaban un total de $ 250 millones.
Este fue el inicio de un conflicto que hace unas pocas semanas se empezó a desentramar y que tiene a parte importante del mundo de los negocios local atentos.
El misterio
Según una serie de fuentes ligadas al caso, Easytask repentinamente dejó de funcionar, dejando a una serie de socios y acreedores sin respuestas.
De su principal socio, Andrés Skoknik, poco se sabe. Algunos, incluso, dicen que ya no está en el país. La página web de la empresa ya no está disponible.
Una de las primeras firmas involucradas en pasar a la ofensiva fue Factor Plus. La semana pasada el factoring interpuso una querella en contra de Easytasy SpA, Andrés Skoknic, Francisco Ulloa y en contra de todos aquellos que resulten responsables. En el libelo acusan los delitos de estafa, falsificación de instrumento privado, apropiación indebida y contrato simulado.
Pero esto, es solo el primer capítulo de una historia que, relatan conocedores, recién está empezando.
$ 199 millones
La acción judicial de Factor Plus explicita que Skoknic, un ingeniero comercial UDD, solicitó que las operaciones de factoring fueran “cedidas y notificadas en el portal del SII, pero sin verificar ni notificar por cortesía dentro de los primeros días de la operación, ya que sus clientes evitaban el factoring, pudiendo generar fricciones comerciales. Adicionalmente, indicó que serían sus propias empresas quienes generarían la cobranza, inicialmente, para no molestar a sus clientes”.
Transcurrido el tiempo, explica Factor Plus, se generaron los pagos de las facturas por $ 214 millones.
Una vez ingresado dichos pagos por parte de EasyTask, ellos presentaron una “nueva operación, esta vez con los mismos supuestos deudores cedidos que ya tenían historial de pago”.
“De esta manera se aseguraban que el factoring no tuviera contacto con la empresa deudora, a fin de reclamar el pago, bajo el argumento que los deudores cedidos le podrían cortar el contrato en caso de gestión directa del factoring. Es así, como en seguimientos de nuestros protocolos, llegado el vencimiento de los documentos, y estando en regla la cesión y notificación de todas y cada una de las facturas cedidas, es que le requerimos el pago al cliente, ad portas del inicio de la gestión de verificación y cobranza al vencimiento de las facturas”, se lee de la acción judicial.
Factor Plus ahonda: “Previo a las gestiones, (EasyTask) nos pidió que esperáramos unos días. Al momento de ser depositado el documento por Andrés Skoknic, se nos informa que ha salido protestado por firma disconforme (lo que dudamos, toda vez que fue el propio Skoknic quien depositó el cheque, reservándonos acciones penales para en contra del Banco de Crédito e Inversiones – BCI), ante eventual calidad de cómplice».
¿Certificado falso?
Luego de eso, el factoring solicitó a uno de los trabajadores de EasyTask que “gestionara el pago efectivo del monto consignado en el cheque, toda vez que estaba en curse una nueva operación, y que, como requisito del giro de la nueva operación, se necesitaba dar por pagado el cheque protestado, mediante pago real con transferencia electrónica”.
Es en ese momento, agregan, que “cuando mediante presión y falsos argumentos del protesto, nos remite un comprobante de depósito desde el mismo banco de origen BCI, por el monto adeudado ($ 134.435.944), el que debiera haberse liberado el mismo día de la transferencia 22 de septiembre de 2023 o a más tardar el día hábil venidero siguiente de informado el protesto, pero que con el transcurrir de las horas, no nos fue puesto a disposición, empezando las averiguaciones del que el certificado de pago acompañado podría ser falso, ya sea en cuanto a la emisión, al contenido o a la falta de órdenes de autorización de pago del importe, para lo cual se oficiará al banco BCI, dentro de las diligencias que se solicitarán al Ministerio Público”.
Factor Plus concluye que el perjuicio total «asciende a $199.696.440.- sin considerar que a futuro, el monto de lo defraudado pueda aumentar».
“Los socios actuales, anteriores, sus representantes legales y ejecutivos tuvieron relación directa con el esquema defraudatorio, incluyendo falsificaciones de documentos privados mercantiles, durante los meses de mayo a septiembre de 2023”, remata.
Fuente: DF MAS
