Por Álvaro Rosenblut, Socio Líder del Grupo Corporativo de Albagli Zaliasnik (az)
La implementación de la nueva ley de delitos económicos en nuestro país marca un punto de inflexión en la regulación del entorno empresarial, con repercusiones significativas para el ámbito de las fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés). Esta legislación, diseñada para reforzar la transparencia y combatir la corrupción, introduce una serie de desafíos que las compañías deben considerar cuidadosamente antes de embarcarse en estos complejos procesos.
Uno de los pilares de la nueva ley es la obligación de una mayor transparencia en las operaciones financieras y empresariales. Esto implica que, durante el proceso de fusiones y adquisiciones, las empresas involucradas deberán proporcionar un nivel de detalle mucho más profundo y exhaustivo en sus informes y auditorías. El due dilligence, que ya es un proceso crucial para evaluar riesgos y oportunidades, ahora requiere un escrutinio aún más minucioso.
Los compradores deberán investigar no solo los aspectos financieros, sino también los antecedentes éticos y legales de la empresa objetivo, para asegurar que no haya implicaciones de delitos económicos que puedan repercutir negativamente post-adquisición.
Además, la gestión de datos se vuelve un aspecto aún más fundamental, sobre todo ante la inminente nueva normativa de protección de datos personales. Las empresas se enfrentan a una presión cada vez mayor para salvaguardar los datos personales y garantizar el cumplimiento de las estrictas normas de privacidad.
Así también, la exigencia de una debida diligencia más rigurosa inevitablemente conlleva un aumento en los costos y tiempos asociados al proceso de M&A. Las empresas deberán invertir en consultores especializados, auditores y abogados que puedan garantizar el cumplimiento con la nueva legislación. Este aumento en los recursos necesarios puede desalentar a algunas empresas, especialmente a aquellas de menor tamaño que podrían no tener la capacidad financiera para soportar estos costos adicionales.
La nueva ley también eleva los riesgos reputacionales asociados con las fusiones y adquisiciones. Las empresas deben ser extremadamente cautelosas para no asociarse con entidades que puedan tener antecedentes de mala conducta financiera o corrupción. Un error en este aspecto no solo puede resultar en sanciones legales severas, sino también en un daño irreparable a la reputación corporativa. Las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar cualquier controversia, haciendo que la gestión de la percepción pública sea una tarea esencial y continua.
Para adaptarse a esta nueva realidad, las empresas deben establecer robustos mecanismos de cumplimiento y monitoreo. Esto incluye la creación de departamentos dedicados a la gestión de riesgos y cumplimiento normativo, y la implementación de sistemas tecnológicos avanzados que permitan la vigilancia continua de todas las operaciones financieras. Además, es crucial fomentar una cultura corporativa de integridad y transparencia, donde todos los empleados comprendan la importancia del cumplimiento.
