Fuente: El Diario
Comercio y banca se enfrentan por proyecto que consolidará deuda financiera de clientes.
El secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago declaró no entender las razones de la iniciativa y la calificó de «intervensionismo estatal». La banca apoyó la medida.
Finalmente el Ministerio de Hacienda presentó las líneas generales del proyecto que busca reformular el actual sistema de información financiera de las personas, iniciativa que hace años genera diferencias entre los representantes del comercio y la banca.
Y estas diferencias nuevamente se hicieron explícitas en el Congreso de Crédito y Cobranzas organizado por la Credit Management Solutions (CMS), donde el secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Cristián García Huidobro realizó una férrea defensa del Boletín Comercial.
En la ocasión, la asesora para políticas públicas del Ministerio de Hacienda, Consuelo Espinosa, explicó que la iniciativa legal se origina ante un cierto malestar con el actual sistema, que va desde que la información entregada es insuficiente hasta que está desalineado con el estándar internacional.
Y basándose en los estudios encargados al Banco Mundial y a la consultora CL Group, la conclusión es que «Chile está rezagado en esta materia comparado con otros países». Entre los principales cambios está la creación del Registro Central de Riesgos, que elimina el Boletín comercial y obliga a todas las instituciones financieras a informar de la deuda vigente y vencida de sus clientes.
De ahí que, cuando Espinosa terminó su presentación, los fuegos cruzados entre la banca y el comercio comenzaron con García Huidobro, quien sentenció que «no escuché razones de peso que justifiquen una decisión tan radical. Cuando algo no funciona o funciona mal, lo lógico y lo recomendable es que se cambie, pero cuando el sistema funciona bien, cambiarlo totalmente genera incertidumbre». Y agregó que «no veo un descontento generalizado respecto al sistema de información comercial vigente».
«Todo este modelo que nos explica Consuelo (Espinosa), me deja un aroma a intervencionismo estatal», sentenció el representante de la CCS, a lo que posteriormente la experta de Hacienda respondió: «Con todo este tiempo que no hubo acuerdo no nos quedó otra que intervenir».
La banca
Por el lado de la banca, el gerente general de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón, dijo que «estoy de acuerdo que tiene que ser el sector privado (el que llegue a un acuerdo), pero 11 años es harto y en 11 años no llegamos a un acuerdo». Por ello, apoyó la iniciativa del gobierno ya que mejorar el manejo del riesgo, impactaría en los costos de los créditos.
El ejecutivo también recomendó que cada persona tenga acceso a esta información y que ellos vean qué utilidad le dan, punto en que concordó con Huidobro.
Contenidos del proyecto
Entre los objetivos que tiene el proyecto de consolidación de deuda están mejorar la evaluación de las instituciones financieras para prever el pago de las personas, controlar el sobreendeudamiento de ellas y tener información para ampliar la cobertura del crédito a sectores que hoy no pueden acceder a este tipo de financiamiento.
Entre los principales cambios están:
- Se crea un Registro Central de Riesgos (RCR) encargado de recopilar la deuda vigente y vencida de los clientes de las instituciones financieras y que mantendrá un historial de cinco años para todo tipo de deuda.
- Se establece un organismo supervisor (aún no está definido).
- Las distribuidoras que adquieran la información recopilada por el RCR quedarán bajo la supervisión y fiscalización de este organismo.
- Se fortalecen los derechos de los titulares de los datos (por ejemplo, saber quiénes tienen los datos, tener derecho a un reporte anual gratuito de su deuda o conocer la información con la que se tomó una decisión adversa).
- La administración del RCR se licitará a un ente privado.
- El detalle de quién tendrá acceso a la información del RCR está siendo estudiada por Hacienda, pero la idea es que las instituciones financieras tengan acceso sin perturbar el derecho de privacidad de las personas.
Fuente: El Mercurio
La subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, cuenta que luego de analizar durante seis meses los estudios encargados a CL Group y al Banco Mundial sobre la información comercial en Chile y de escuchar diversas mociones parlamentarias sobre la materia, se decidió abordar elementos que han encendido la polémica, sobre todo en dos puntos: licitar el Boletín Comercial y consolidar la información positiva y negativa de los deudores de la banca, del comercio y de todos los entes que otorguen créditos.
¿Por qué el Gobierno quiere legislar sobre esta materia?
«Veíamos que en el mundo político había mucha preocupación por el tema, y estaban saliendo mociones parlamentarias, que siendo interesantes cada una en sí misma, no abordaban el problema en su plenitud; por lo tanto, podían generar un problema mayor».
«En este aspecto, estamos en condiciones de subdesarrollo con respecto a nuestro desarrollo financiero».
¿En qué consiste la propuesta?
«Después de mirar la experiencia internacional, creemos que aquí se debería consolidar el total de la información por tipos de deuda, independiente de dónde vengan. Todos los agentes que otorgan créditos debieran estar obligados por ley a informar. Ahora, quiero destacar un punto: a las casas comerciales o a la gente que es dueña de activos que es información, no queremos que pierdan ese activo. Lo que queremos es proteger al sistema en su globalidad, y permitir que éste tenga una mejor manera de evaluar los riesgos de cada una de las personas que están en el sistema de crédito».
¿Cuál es la información que habría que entregar por ley?
«Si una persona tiene un crédito, la casa comercial estaría obligada a entregar el monto de ese crédito, y si la persona es buena o mala pagadora. En segundo lugar, queremos definir una superintendencia que regule todo el sistema. Un supervisor».
¿Cómo funcionará?
«La información será regulada por el Estado. Será recibida y procesada por un licitado, y después vienen los privados (burós que comercializarán los datos)».
¿Con esto se busca bajar los precios?
«Se busca que haya un sistema que sea equitativo, parejo y homogéneo en sus condiciones, y que todos tengan acceso a la misma calidad y cantidad de información».
Protección de datos
¿Cómo se protegerán los datos de las personas?
«Los datos de las personas van a ser protegidos, y los datos de las empresas van a ser protegidos, porque no se va a dar en ningún momento la identidad del acreedor del rut. Se va a ingresar el rut y se van a decir los montos por tipo de crédito, pero no saldrá quiénes son los acreedores. Aquí, lo que hay es un activo, la estrategia comercial de cada uno de los que ofrecen los créditos se basa en la perfección de los datos y en el análisis que ellos hacen de ese cliente. Entonces, en la medida en que esto se pone a disposición para que todos lo vean, deja de ser una estrategia comercial».
«Otro plano que es muy importante es el plano del derecho de los titulares. Nosotros vamos a permitir, en primer lugar, que tengan la posibilidad de poder consultar una vez al año y gratis. Como mínimo. Se podrá además rectificar información errada. Si tiene un problema, se puede rectificar y eliminar dando cuenta de que hay una aclaración».
«Hoy no se está jugando con bolitas de dulce, sino que se está jugando con el honor de mucha gente que queda con su historial dañado, muchas veces, por alguien que metió mal el dedo en el computador».
