Fuente: www.latercera.com
La batalla entre las plataformas que transan criptomonedas y los bancos ha seguido escalando en los últimos meses. Y esta vez fue el presidente del Banco Central (BC), Mario Marcel, quien movió el caso.
“Es indudable que los criptoactivos no son en la actualidad un buen sustituto del dinero y suponen una serie de riesgos para las personas y para el sistema financiero”, afirmó Marcel en un escrito que envió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tras ser consultado sobre si el BC tiene facultades para fiscalizar a los intermediarios de criptomonedas y si los criptoactivos tienen la potencialidad de reemplazar al dinero legal.
De todos modos, Marcel matizó que esto cambiaría si es que se desarrollan mejoras tecnológicas que se puedan incorporar en los propios criptoactivos para subsanar algunas limitaciones que impiden su uso masivo, y si se estableciera un marco legal y reglamentario que se les aplique de forma especial, entre otros factores.
La pugna se desató el primer semestre de 2018 cuando una decena de bancos cerró las cuentas bancarias de las plataformas Buda, CryptoMKT y Orionx, esgrimiendo que buscaban prevenir un potencial lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tras ello, dichas firmas acudieron al TDLC y acusaron que las entidades financieras atentaron contra la libre competencia y abusaron de su posición dominante, ante lo cual el tribunal dictó la medida precautoria que obligó a los bancos a reabrir las cuentas y mantenerlas abiertas mientras dure el juicio.
En ese sentido, el presidente del instituto emisor deslizó su apoyo a la industria: “desde una perspectiva general referida a identificar y mitigar los riesgos que puedan afectar al sistema bancario, tal como no correspondería que un banco tuviera que otorgar un crédito a todo evento a una persona determinada, sin establecer previamente su capacidad y solvencia; tampoco sería apropiado que debieran abrir cuentas corrientes a todo aquel que lo solicite, sin ponderar los diversos riesgos que ello pueda involucrar, considerando para ello la legislación especial aplicable al contrato de una cuenta corriente bancaria”.
Enfatizó, además, que dado lo sensible de la actividad, las decisiones de otorgar créditos o de abrir cuentas corrientes debieran ser adoptadas por los bancos a partir de criterios objetivos y basadas en su propia evaluación de todos los riesgos que presenten los solicitantes de esos servicios.
Alta volatilidad y limitaciones
El presidente del BC fue más allá con sus cuestionamientos. También criticó que “los criptoactivos no son un buen medio de pago, debido a que su aceptación es muy limitada, y no son reconocidos como moneda de curso legal, por lo que no hay obligación de aceptarlos para extinguir obligaciones económicas”.
Junto con ello, agregó, el extenso tiempo que toma validar las transacciones con estos activos puede generar que el proceso de pago sea poco fluido, sobre todo al compararse con los medios pago más utilizados, tales como las tarjetas de débito y de crédito.
“Por otra parte, la alta volatilidad que ha demostrado tener el valor de los criptoactivos en el tiempo conspira para que puedan ser utilizados como unidad de cuenta y depósito de valor”, remató Marcel.
En relación con lo anterior, añadió que las entidades que intermedian y/o custodian estos activos no están reguladas y pueden constituirse en cualquier jurisdicción, lo que dificulta saber si toman medidas apropiadas para mitigar los riesgos operacionales y de ciberseguridad. De hecho, remarcó que a nivel internacional existen muchos casos de ataques a estas entidades que han provocado la pérdida de los activos que mantenían en su custodia.
Otro de los dardos de Marcel apuntó a que “una preocupación de reguladores y organismos fiscalizadores a nivel internacional es el posible uso de los criptoactivos para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. Lo anterior, enfatizó, debido a que las características de estos activos permiten transferir recursos de manera transfronteriza y anónima, lo que va en línea con la preocupación planteada en su momento por los bancos.
