Los argentinos valoramos poco la importancia de la calidad de las instituciones. Solemos confundir las instituciones con los instrumentos que las viabilizan o, incluso, con clubes de fútbol, asociaciones, etcétera. En realidad, son las normas que rigen una sociedad y que se plasman, principalmente, en la Constitución y las leyes.
Si formamos un conjunto con los países que tienen alta calidad institucional, veremos que coinciden con los que ya le dan a su gente, o están haciendo avances en ese sentido, una mayor posibilidad de progreso. Esto no debería llamarnos la atención; uno trataría de no invertir en un país donde: a) se confisquen los depósitos bancarios; b) un secretario de un ministerio pueda obligarnos a manejar a su antojo nuestra empresa, a veces sin norma que lo avale y sin directiva escrita; c) un funcionario pueda presionarnos para que nos desprendamos de nuestra empresa y pretenda decirnos a quién debemos vendérsela; d) los organismos de información pública den estadísticas falseadas; e) un Estado incapaz de cumplir con sus funciones básicas pretenda ejercer de empresario o decidir mejor el destino de la plata ajena, o f) las reglas de juego varíen según les convenga a los funcionarios de turno.
Desde 2007, el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Eseade) elabora anualmente un Indice de Calidad Institucional sobre 192 países del mundo ( www.ciima.org.ar ) y recientemente se presentó el del corriente período. Allí se confirma que los países con mayor calidad institucional son los que generan mayores avances en innovaciones, ya que respetan los derechos de propiedad intelectual. Al tener reglas de juego claras y generales que se mantienen en el tiempo, permiten largos procesos de inversión que la investigación demanda. Tampoco debería asombrarnos que sean los que más progresan.
La calidad institucional no es sólo importante para la inversión, el empleo y la generación de la riqueza. Doña Rosa necesita tener certidumbre para su vida. Un matutino económico publicó una encuesta entre los que aportan al sistema previsional y más del 80% manifestó que no espera vivir de la jubilación. El régimen de reparto tiene los mismos vicios que aquel que estafó a nuestros abuelos y padres; ¿por qué debería ser distinto el resultado? Una respuesta puede ser: porque el actual sistema administra mejor. En 2007, se hizo una moratoria que permitió cobrar jubilaciones y pensiones a más de un millón de personas que no hicieron aportes. Los recursos no salieron de las rentas generales del Gobierno, sino de la caja previsional. De allí están fondeando la asignación universal para la niñez, las laptops para los estudiantes de los colegios, los decodificadores de la televisión digital, etcétera. ¿Qué quedará para los futuros jubilados?
Los argentinos no tenemos instrumentos para ahorrar en nuestro país, excepto la tradición del «ladrillo». Son demasiadas las veces que los gobiernos han manoteado los depósitos del sistema financiero para pagar crisis o beneficiar a deudores «licuados». La mayoría de nuestros políticos considera que los ahorros que están en la banca deben ser instrumentos de política económica. Deben ser asignados según lo decida algún burócrata y una clara prueba de ello son algunos proyectos de reforma financiera que se conocieron recientemente. Una vez más, se confirma la percepción de los ciudadanos de que no se respetará el derecho de los verdaderos dueños de esos recursos, que no es el Gobierno ni los banqueros, sino los depositantes.
Cuando alguien le confía sus ahorros a un banco, lo hace porque eligió a quien considera que sabrá cuidarlos e invertirlos bien. ¿Qué derecho tiene un funcionario a asignar esos recursos en una forma distinta? No debería extrañar que tengamos un sistema financiero que pocos usan para ahorrar y, sin ese insumo básico, con una irrisoria capacidad de dar préstamos. Con muchas de las reformas propuestas, esto sólo tenderá a empeorar.
Sin calidad institucional, rige la «ley de la selva» y prima el derecho del más fuerte. La gente puede tratar de sobrevivir, pero se le vuelve cuesta arriba el progresar y construir un futuro mejor para su familia. No es casualidad que en el índice de 2010 la Argentina ocupe el lugar 120 y desde 2007 haya bajado 27 lugares. Sólo cinco países tuvieron peor evolución (Bolivia, Senegal, Maldivas, Kiribati e Islas Salomón). Entre los 36 países de América, estamos en el lugar 28. Esta decadencia institucional argentina no es una historia de los últimos años. Cada vez más naciones, incluso entre nuestros vecinos, entienden que mayor calidad institucional significa mejor calidad de vida para sus pueblos, nos superan y nos dejan en peor posición relativa.
Todos tenemos, en la medida de nuestras posibilidades, responsabilidad cívica de exigir que nuestros representantes respeten los derechos, las instituciones y los límites para el ejercicio de sus funciones que establece la Constitución. Deben asumir un mayor compromiso quienes más «talentos» recibieron: la dirigencia empresaria, profesional e intelectual. En general, no ha estado a la altura de las circunstancias y ha primado el interés particular sobre el general. Al que le quepa el sayo que se lo ponga; pero no seamos hipócritas y les echemos la culpa a otros de la creciente decadencia y pobreza que resulta de nuestras acciones, errores y omisiones.
El autor dirige el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade)
Fuente:www.lanacion.com.ar
