Fuente: IproUP
Para alcanzar este acuerdo, la empresa Maxi Mobility debió ceder su app y el uso de su marca ante las reglas de Prestige and Limousine.
Luego de su partida forzada de Cataluña, Cabify decidó no darse por vencido y formó una nueva sociedad para poder retomar sus operaciones en suelo catalán.
De esta forma, la plataforma deja de ser una «agencia de viajes» para convertirse en una empresa de transporte, una firma que cumple todas las demandas de la ley, y así volver al ruedo.
Para alcanzar este acuerdo, la empresa Maxi Mobility (Cabify) debió ceder su app y el uso de su marca ante las reglas de Prestige and Limousine, una firma que se especializa en gestión de vehículos con conductor (VTC). Para ello debió suscribir a un seguro de responsabilidad civil de 50 millones de euros.
«El contrato de transporte que se suscribirá con los usuarios se perfecciona y surte efectos desde el momento del alta de la aplicación y no cuando el usuario solicita un servicio concreto», explicaron los abogados de la empresa para el diario Expansión de España.
De esta forma, la nueva modalidad obliga a los usuarios a «firmar» un contrato en el que se recoge la precontratación de quince minutos únicamente en el primer viaje. La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres no obliga a firmar un contrato por cada servicio.
Desde 2012 Cabify operaba en marco con la Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid como una agencia de viajes y no había prestado servicios propios de una «empresa de transporte», sino que se jactaba de ser un intermediario para entre usuarios y vehículos.
«Cabe sostener frente a la generalidad que la contratación del servicio de transporte por el usuario se realiza cuando este acepta las condiciones del servicio de transporte que se va a ofrecer a través de la aplicación de Cabify, de forma que es en dicho momento desde el que se se debe computar el plazo de quince minutos que ha de transcurrir entre la contratación y el inicio del trayecto», señala el documento.
Uber, que también anunció su marcha de Barcelona, opera en Europa como una empresa de transporte y no como un «servicio de la sociedad de la información», como hizo en un primer momento. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obligó a adoptar esta figura.
