Por Julio Dittborn, Subsecretario de Hacienda
En 2013 se cumplen 10 años desde la incorporación de la factura electrónica en Chile y este año también se inició el trámite de la ley que masificará el uso de la factura electrónica en nuestro país. ¿Qué beneficios tiene el uso de la factura electrónica? Muchos. Entre ellos, mencionemos los siguientes:
Se elimina ese tedioso trámite tradicional -especialmente costoso para las pymes y personas naturales- de tener que ir al Servicio de Impuestos Internos (SII) para lograr el timbraje físico de las facturas. Además de tedioso, las iras del contribuyente aumentaban cuando constataba que sólo le iban a timbrar unas pocas facturas, porque la frecuencia de sus ventas no justificaba el timbraje de un número mayor de facturas.
Las empresas con ventas inferiores a $ 500 millones al año pueden utilizar la aplicación de factura electrónica gratuita disponible en el portal Mipyme del SII en el sitio web www.sii.cl. Si las ventas de la empresa son superiores a la cifra antes indicada, ésta deberá elegir entre usar un sistema de facturación de construcción propia o adquirir uno en el mercado. Según estimaciones del SII, un 98% de las empresas en Chile podrán usar gratuitamente la aplicación que ofrece el SII.
Una de las principales ventajas de la factura electrónica es la disminución de los costos del proceso de facturación y los tiempos de emisión y recepción de documentos. Esto trae consigo un aumento de la productividad y competitividad de las empresas, que el SII estima es de entre un 40% a un 80% por documento tributario emitido. Además, una empresa que factura electrónicamente elimina la necesidad de almacenar físicamente estos documentos y disminuye el riesgo de pérdida. Todas estas ventajas significan menores costos para las empresas. El uso de la factura electrónica permite diferir el pago del IVA desde el día 12 al día 20 de cada mes al pagar por internet.
La factura electrónica permite perfeccionar la cesión de este documento, lo que le permite a las pymes a acceder a financiamiento a menor costo, por el menor riesgo asociado a la factura electrónica. Por otra parte, se logra también un ahorro de costos en la notificación de la cesión, ya que se elimina la necesidad de notificar físicamente al deudor. (Recordemos que con la factura en papel es necesario validar la cesión ante un Notario). Por ley, el SII administra el Registro Público Electrónico de Transferencias, poniendo dicha cesión en conocimiento del deudor del crédito.
Las guías de despacho y las boletas de ventas y servicios se podrán emitir, a elección del contribuyente, en formato electrónico o en papel.
Finalmente, el proyecto de ley establece que el comprador verá postergado el uso del crédito fiscal del IVA hasta el momento en que le dé a su vendedor o prestador de servicios el correspondiente “acuse de recibo”. De esta forma, la cuarta copia cedible con el “acuse de recibo” correspondiente, permitirá a las pymes mejor acceso al financiamiento vía factoring o Bolsa de productos actualmente en operación.
La masificación de la factura electrónica no sólo tiene beneficios para las empresas que las usarán, sino también para el país. Así, el uso del sistema electrónico disminuye las posibilidades de documentación tributaria falsa, lo que fortalece el control de los impuestos y disminuye la evasión.
Además, la factura electrónica tiene un impacto medioambiental positivo, al disminuir el consumo de papel, tinta y transporte de documentos. De acuerdo con estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, “pasar de la factura tradicional a la electrónica no sólo ahorra enormes montos de dinero por el menor uso de papel, sino que tiene un impacto directo en la conservación de los bosques, uso de recursos hídricos y ahorro energético”. Se estima que el uso actual de la factura electrónica evita la tala de 120 mil árboles al año, se ahorran 8 millones de litros de agua y 2.685 millones de hojas de papel.
El proyecto de ley también plantea una nueva reducción en el impuesto de “timbres y estampillas” de un 0,6% actual al 0,2%, lo que beneficiará a 2,8 millones de personas naturales y 366 mil pymes.
Fuente: Gobierno de Chile
