Por: Lic. Matías Surt, economista Invecq Consultora Económica
El Ministerio de Hacienda confirmó lo que ya era un hecho casi asegurado: el año pasado el gobierno logró cumplir, e incluso avanzar un poquito más, con la meta fijada para el déficit primario. Así, el año pasado cerró con un déficit, antes del pago de intereses, de 404.142 millones de pesos equivalentes al 3,9% del PBI.
El ahorro extra respecto de la meta original fue de unos 5.000 millones de pesos y 0,3 puntos porcentuales del PBI. Respecto al resultado de 2016, que había sido de 4,3% del PBI, se logró reducir el agujero primario en 0,4 puntos porcentuales. Si bien aparenta no haber sido un gran esfuerzo, hay que tener en cuenta que en el 2017 el gobierno contó con ingresos por blanqueo muy inferiores a los que habían ingresado en 2016, y que fueron el factor fundamental para lograr aquel 4,3%. Sin embargo, también es importante remarcar que el 2017 fue un año de recuperación económica, por lo que los ingresos tributarios jugaron a favor de la meta, lo que no ocurrió durante el recesivo 2016.
En términos agregados, el gobierno logró por primera vez desde el año 2004 que los ingresos crecieran por encima de los gastos y que, a su vez, ambos elementos crezcan menos que la inflación. A lo largo del año, los ingresos totales crecieron a una tasa del 22,6% mientras que el gasto primario (antes de contabilizar los intereses de la deuda) lo hizo al 21,8%. Para otorgar mayor claridad a los números, cuando la economía funciona con tasas altas de inflación, es útil observar las variaciones en términos constantes, es decir, descontando el efecto inflacionario para obtener el efecto real de la variación. En términos reales, entonces, esto implicó una caída de los ingresos del 2,4% y del gasto primario del 3,1% interanual. Así, por segundo año consecutivo, el gasto público creció menos que la inflación, cayendo a precios constantes.
Lo que resulta interesante, por diferentes motivos, es analizar la composición del comportamiento del gasto público durante el año pasado. Lo que se encuentra es que la mayor parte de las partidas del gasto primario del Estado tuvieron caídas en términos reales. Mientras que el gasto destinado a cubrir las Prestaciones Sociales aumentó un 8,8% real y el gasto en funcionamiento se mantuvo casi inalterado (aumentó solo 0,7% real) el resto de los componentes del gasto primario mostró caídas importantes. En primer lugar, y como era de esperar, la partida de los Subsidios económicos tuvo una caída real del 38,3%. Este importante ajuste se logró mediante las readecuaciones tarifarias de los servicios públicos que permitieron gastar un 22,5% menos de dinero público en sostener precios atrasados: mientras que en 2016 se habían destinado a este fin 291.172 millones de pesos, en 2017 las erogaciones fueron de 225.706 millones de pesos.
En segundo lugar, las transferencias corrientes (y discrecionales, no coparticipadas) a las provincias tuvieron un recorte real del 10,6%, es decir que subieron en términos nominales pero muy por debajo de lo que marcó la inflación promedio del año. Otros gastos corrientes cayeron un 8,7% real, destacándose al interior de esta partida la caída real del 16,4% en el déficit operativo de las empresas públicas. Por último, los gastos de capital (la obra pública) tuvieron una caída respecto a la inflación del 9,1%. Este último dato puede generar sorpresa debido al importante plan de obras públicas que el gobierno ha puesto en marcha a mediados del año 2016 y que continuará durante los próximos años. Más aún, es sorprendente al considerar que durante el año pasado se marcó el récord de consumo de asfalto vial, superando el último pico que se había alcanzado en el año 1998. Una respuesta posible a este fenómeno es que haya ocurrido una importante mejora en la gestión de las obras públicas. Según declaraciones de varios ministros con injerencia en el área, la eliminación de focos de corrupción y la convocatoria a licitaciones públicas con participación de una gran cantidad de oferentes, entre otros factores, han hecho bajar considerablemente los costos de la obra pública. Esta explicación luce bastante consistente a la luz de indicadores físicos como el del consumo de asfalto.
En resumen, el gobierno logró un ahorro real neto del 3,1% respecto al año pasado en el gasto primario. Este guarismo estuvo compuesto en un 5,7% por ahorro en subsidios, 0,8% en gastos de capital, 0,6% en otros gastos corrientes y un 0,4% por ahorro en transferencias a provincias. Pero parte de esta reducción de gastos por 7,4% se destinó casi en su totalidad a ampliar las Prestaciones sociales (un 4,3%) y una parte insignificante a aumentar los gastos de Funcionamiento (0,1%).
Si bien el dinero es fungible, se podría decir de manera gráfica que el gobierno llevó a cabo una política tanto de ahorro como de transferencia de gastos, pasando recursos que se destinaban a subsidios, obra y empresas públicas, y demás, para cumplir con la Reparación Histórica, ampliar la cobertura de las asignaciones familiares y AUH y financiar la Pensión Básica Universal. Así, los gastos en Prestaciones Sociales pasaron de representar un 48% del gasto primario total en 2016 a superar el 54%. El importante peso de esta partida en el total del gasto es justamente lo que explica la modificación reciente en la fórmula de actualización de las prestaciones que, si bien continuarán creciendo en términos reales, lo harán a una velocidad menor que con la anterior fórmula en un contexto de crecimiento económico y desinflación.
Por último, pero no ello menos importante, es imprescindible sumar al análisis el comportamiento de los intereses de la deuda para tener el total del gasto público nacional y el resultado fiscal. Los intereses de la deuda crecieron en 2017 un 71,3% interanual en términos nominales, y un 36,4% en términos reales. Al incluir este factor, el gasto público nacional total tuvo un crecimiento nominal del 24,9% (real del -0,6%), quedando por encima del crecimiento de los ingresos. El resultado: un aumento del déficit fiscal total desde el 5,9% de 2016 al 6,1% en 2017.
Para el corriente año, el Ministerio de Hacienda ratificó el compromiso de llevar el déficit primario al 3,2% del PBI. Cumpliendo con ello, y esperando un comportamiento más normal de los intereses de la deuda, el año debería registrar tanto un descenso del déficit primario como del déficit fiscal total. El abrupto salto en el pago de los intereses de la deuda es quizás el costo más visible de la normalización de las relaciones financieras internacionales (salida del default) y del consecuente gradualismo fiscal. Con la ayuda de las condiciones financieras internacionales, y manteniendo la disciplina sobre el gasto primario, el gobierno lograría que el déficit deje de ser un problema alarmante hacia el año 2021. Ese sería el año de la coronación del gradualismo fiscal.
