Para que una criptomoneda tenga éxito, sus defensores tienen que reconocer que es difícil divorciar el dinero de la política.
Por Simon Johnson
El dinero siempre es un asunto político. Algo que resulta evidente cuando discutimos sobre la política de la Reserva Federal de Estados Unidos, o quién debería dirigir la institución encargada de fijar los tipos de interés. Durante más de mil años hemos discutido sobre la naturaleza de nuestros sistemas monetarios y hemos pasado por distintas formas de hacer pagos. Visto en este contexto histórico, Bitcoin y otras criptomonedas no son más que el último de una larga lista de los desafíos a la tecnología predominante, y a los acuerdos políticos vigentes.
El diseño dominante de los sistemas monetarios actuales se basa en una tradición occidental que se puede rastrear hasta los denarios de plata del emperador Carlomagno y antes a la organización del Imperio Romano. Este diseño basa la cantidad y la naturaleza del dinero que hay en la economía en una interacción entre las políticas gubernamentales y lo que los individuos privados desean tener. La presión política continua y las oportunidades tecnológicas repetidas han producido numerosos cambios en el modelo a lo largo de los años. El auge de Bitcoin puede ser una ronda más de ese proceso.
El entusiasmo por las criptomonedas se basa, en parte, en una frustración muy razonable con nuestros acuerdos existentes. La gente de izquierdas que desconfía del poder acumulado por los megabancos globales en las últimas décadas se ha unido a la gente de derechas que cree que el gobierno ocupa demasiado espacio. Pero la historia sugiere que construir un sistema de pagos nacionales e internacionales completamente fuera del control de los gobiernos no será fácil.
Para empezar, el dinero tiene valor sólo hasta el punto en que se puede convertirse en bienes y servicios. Y en el momento de la conversión, los gobiernos tendrán mucho que decir en el asunto, por ejemplo si has pagado impuestos, o si la transacción es legal.
En segundo lugar, es muy difícil crear una tecnología que oculte las transacciones a los gobiernos por completo. El movimiento de bienes, personas o información siempre se puede rastrear, como ha demostrado el caso Silk Road.
En tercer lugar, habrá una reacción política encabezada por los poderosos intereses de los bancos. Destacarán cualquier ilegalidad dentro del sistema de Bitcoin y harán presión política en busca de legislaciones restrictivas.
Entrar en esa batalla será muy difícil. Sería mucho más razonable que la comunidad Bitcoin y sus aliados lanzaran una estrategia política proactiva. Podrían centrarse en el hecho de que actualmente ya se hacen pagos ilegales en todo el mundo usando billetes de cien dólares y que hay que reducir los costes de las transacciones en los países en los que el poder legal es débil y hay un alto riesgo de robo. Se podría defender que operar Bitcoin de forma mas transparente no desestabilizará el sistema de crédito ni socavará la capacidad de los pequeños bancos de conseguir unos beneficios razonables.
El sistema monetario de Estados Unidos y de el mundo ha cambiado muchas veces y sin duda volverá a hacerlo. A finales del siglo XIX, por ejemplo, hubo un impulso generalizado para reformar el sistema monetario y de crédito de Estados Unidos. Ideas que en un principio se desecharon por populistas, como alejarse de un patrón oro definido muy estrictamente, se convirtieron en ideas comúnmente aceptadas en apenas una generación.
Sin duda las nuevas tecnologías pueden ofrecer mejores formas de organizar las transacciones. Pero es poco probable que limitarse a suponer que se puede pasar del Estado funcione. Bitcoin necesita una estrategia política y debe evolucionar para resolver las críticas legítimas que se vierten en su contra.
Simon Johnson es profesor en la Facultad de Empresariales Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts (EEUU) y fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional.
Fuente: Mit Technology Review
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