Por Juliana Salazar – Directora de Ventas para el Sur de Latinoamérica de McAfee
Forzada por los cambios tecnológicos, la seguridad de la información enfrenta hoy nuevos retos para los Estados y Gobiernos de todo el mundo, en donde palabras como “ciberseguridad”, “ciberespionaje” o “ciberterrorismo”, comienzan a usarse con más frecuencia y naturalidad.
Proteger la infraestructura y recursos estratégicos que permiten a los países funcionar y ser productivos, debe ser la premisa de una estrategia de ciberseguridad nacional.
La proliferación de ataques informáticos de gran escala y el surgimiento de avezadas organizaciones criminales internacionales, son amenazas que pueden llegar a comprometer la seguridad de los países, puesto que significan riesgos económicos, políticos e incluso militares.
La “ciberdefensa” se ha convertido en un tema prioritario, e involucra desde aspectos éticos y políticos, hasta legales nacionales e internacionales, además de los propiamente tecnológicos. Existen países que han tomado medidas y establecido políticas de seguridad de la información que los hacen estar mejor preparados.
Por ejemplo, la OTAN reconoce que la ciberdefensa es una de las tareas principales dentro de su reto de defensa colectiva. Desde hace 10 años dispone en Mons –Bélgica- del llamado Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, que incluye una unidad de gestión de crisis, de tipo militar, con una célula de ciberdefensa que enlaza con el resto de organismos de la Alianza en este campo.
La gestión del riesgo es para los países un tema cada día más crítico. Se trata de reducir las brechas de seguridad que afecten a empresas públicas y privadas, a entidades gubernamentales y los propios ciudadanos, pero hacerlo de una forma compatible con las garantías de acceso a la información que conlleva Internet, cuya esencia se basa en la democratización, la confianza, la libertad y las menores restricciones posibles para las personas.
Lo anterior se debe articular globalmente, pero no todos los Estados, Gobiernos o naciones, entienden por igual los riesgos y la forma de gestionarlos. Por ejemplo, algunos países, al carecer de regulaciones o leyes apropiadas, pueden ser un blanco muy atractivo para los cibercriminales o bien convertirse en una especie de refugio e impunidad para ellos. Otros se concentran sólo en los riesgos que puedan significar desestabilizar a sus gobiernos, estableciendo restricciones y sistemas de control, muchas veces de corte militar, que dificultan la cooperación internacional en este nuevo escenario.
Corresponde a cada país tomar conciencia de su realidad para comenzar a gestionar los riesgos y brechas, alentando su ciberdefensa y normativas compatibles con la legislación internacional, buscando a la vez alianzas para la cooperación con quienes han tomado la delantera. De esta manera, se evitará que este tema siga siendo el eslabón perdido de la seguridad y sólo sea visible de manera reactiva, como ha sido hasta ahora, con las consecuencias políticas y económicas que esta clase de ataques pueden implicar.
