Fuente: GSMA
Desde Asomóvil y en conjunto con GSMA hemos lanzado el documento “El camino hacia una Colombia digital”, con una serie de propuestas y recomendaciones, para trazar una ruta para que el próximo gobierno de Colombia, tenga como prioridad la conectividad. Especialmente una conectividad con un enfoque social, que le apueste a la equidad y a la sostenibilidad.
Durante estos últimos años hemos sido testigos de los avances tecnológicos que ha tenido Colombia, y gracias a las políticas de gobierno y a los esfuerzos de la industria, en un sector que se financia principalmente por recursos del sector, hemos alcanzado 30 millones de conexiones de internet móvil a diciembre de 2021. A su vez, la última subasta de espectro realizada en diciembre de 2019 ha realizado la apuesta más grande en la historia del país para llevar conectividad a 3658 localidades ubicadas en todo el territorio nacional entre el 2020 y el 2023. En localidades en las que hay veces, ni siquiera hay servicio de agua ni luz, ni carreteras, la conectividad se convertirá en la herramienta para la inclusión económica y social de miles de colombianos.
Por eso quien gane las elecciones del próximo 29 de mayo, debe partir del camino ya recorrido y ser consciente de los retos a los aún que nos enfrentamos para mejorar la cobertura y servicios en el país.
Sabemos muy bien que cada nuevo gobierno debe abordar diferentes barreras, especialmente geográficas, sociales y económicas para lograr el avance tecnológico y digital necesario. Aquí nos referiremos a los desafíos más apremiantes.
Un reto que tiene el nuevo gobierno y que no es ajeno al contexto internacional, es la financiación del cierre de la brecha digital que impulsará la transformación económica y social que requiere el país, en un ambiente en el que hay nuevos agentes que prestan sus servicios sobre plataformas que capturan una tajada importante del valor del ecosistema, con usuarios con demandas cada vez más exigentes, con crecimientos de tráfico exponenciales que presionan las redes, que conllevan a su vez muchas más inversiones en redes, que no alcanzan a ser financiadas por los ingresos que genera el mercado.
Alcanzar los niveles de infraestructura digital de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), exigirá a los países de América un 47% más de las inversiones actuales (Informe IDEAL 2021, CAF), por lo que atender y ejecutar políticas que atraigan la inversión en Colombia para el despliegue de la conectividad, es una tarea que debe abordarse en forma responsable por el nuevo gobierno.
Promoviendo una mayor inversión en redes, el nuevo gobierno podrá potenciar los beneficios que trae la conectividad y la digitalización en el crecimiento económico del país. Un avance en el índice de digitalización del 1%, conlleva + 0,32% en el PIB y + 0,26% en la productividad laboral (Katz, 2018).
Indefectiblemente hay una variable en la ecuación, que puede hacer toda la diferencia para atraer los recursos requeridos para el cierre de la brecha digital, y es la revisión de los precios del espectro para que impulsen la inclusión digital. El espectro radioeléctrico es la columna vertebral de las telecomunicaciones en el país, convirtiéndose en la carretera que permite el transporte de voz, datos, imágenes, videos, aplicaciones, para que todos los ciudadanos puedan aprovechar los beneficios de esta nueva economía.
Valoraciones del espectro sin orientarse al mayor beneficio social, sino al recaudo fiscal, han minado al país de contar con 2 millones de conexiones de internet móvil de cuarta generación menos al 2019 (GSMA, 2021) así como la capacidad de la industria para enfocar sus recursos en el cierre de la brecha digital. Que Colombia mantenga precios por el uso del espectro entre 3 y 6 veces más altos que el promedio internacional (FTI Consulting, 2021), es un hecho que no puede pasarse por alto, cuando aún Colombia no ha llegado a la meta del 70% de los hogares conectados que se había propuesto este Gobierno.
Mejores políticas sobre el uso y el precio del espectro no sólo permitirán que podamos disminuir la brecha digital, sino también mejorar la articulación público-privada para la generación de proyectos que alienten un mayor despliegue de infraestructura incorporando nuevas tecnologías.
A su turno, la financiación de tecnologías avanzadas como 5G requerirá de la construcción de modelos de negocios en diferentes verticales que sean sostenibles, por lo cual será esencial atraer recursos de otros actores y diferentes verticales, y generar sinergias y economías de escala que permitan desplegar infraestructura digital a lo largo del territorio.
Otra recomendación es que el nuevo gobierno analice aquellas poblaciones que tienen dificultades en cuanto a infraestructura o alcances de red, para realizar una aproximación intersectorial por parte de las diferentes carteras (TIC, transporte, energía, defensa), aunando esfuerzos para derribar las falencias de transporte, transmisión, servicios de energía y seguridad que enfrentan aún gran parte de los territorios.
Otra realidad innegable que ya está pasando factura a la competitividad e innovación del sector, es la regulación legada que sólo se aplica a los proveedores de redes y servicios tradicionales que no son coherentes con el nuevo contexto, y que les imponen cargas pesadas a las que no están sujetos los nuevos actores del entorno digital. Las políticas de actualizaciones y flexibilización regulatoria, aunque han estado en la agenda del gobierno, aún son insuficientes, y han mermado la capacidad de dichos proveedores para participar en el mercado e incorporar más recursos para el despliegue y actualización de redes.
Surge así la oportunidad para el nuevo gobierno de implementar un plan de desregulación inteligente basado en incentivos para ampliar la conectividad, procurando su actualización constante en colaboración con el sector privado.
