La innovación tecnológica vinculada al sector financiero —conocida bajo el nombre de fintech en sus diversas modalidades— es una realidad mundial que toma impulso en Uruguay. Recientemente, el Banco Central (BCU) divulgó una serie de lineamientos con los que redactará una futura normativa para aquellas plataformas que se dedican a juntar inversores con personas que necesitan dinero —denominadas «Uber financieros»—, en un primer avance regulatorio.
El presidente de la Cámara Uruguaya de Fintech, Sebastián Olivera, explicitó su apoyo a dichos lineamientos y dijo que se necesitan más medidas para potenciar al sector y lograr que se materialicen nuevas inversiones. Planteó «establecer el fintech como política de Estado», avanzar en una ley «que regule específicamente al sector», y «desarrollar un sandbox en el que las empresas locales e internacionales puedan operar y testear productos».
Respecto a esta última propuesta, el abogado Javier Domínguez, gerente de Legal, Cumplimiento y Riesgos de Sura Asset Management Uruguay, explicó que los sandbox regulatorios son «espacios seguros donde las ideas o actividades innovadoras pueden ser probadas en un espacio real como el mercado». Es decir que el regulador decide «determinadas excepciones (en los controles) para que la actividad sea testada y estudiada».
En ese sentido, los sandbox tienen como particularidad que los responsables de la innovación no deben «incurrir en todos los costos de licenciamiento» para funcionar dado que «no es claro» hasta que logre desarrollarse qué forma de regulación corresponde a la actividad, ni asumen los «riesgos de incumplimientos normativos ya que el regulador se compromete a no sancionar si la actividad al final del día requería licencia o el cumplimiento de determinados requisitos normativos».
En contrapartida a esa libertad que da el regulador, también se establece que «el espacio de testeo sea restringido», por ende «la actividad innovadora solo puede realizarse con un número determinado de clientes, en un plazo determinado, con una exposición frente al cliente de no más de determinado monto, y con garantías básicas para que el consumidor pueda salirse o se lo indemnice en caso de perjuicio», repasó Domínguez.
Sistemas de este tipo para promover la innovación en las fintech ya funcionan en Inglaterra, Malasia, Singapur y Australia, subrayó el abogado. Asimismo, detalló que luego de la etapa de testeo del nuevo producto el regulador «tendrá más elementos para determinar si la actividad encaja en algún tipo de licencia o no, o si es necesario cumplir con algún requisito normativo, sin tener que deshacer los negocios ya hechos» por los innovadores que aprovecharon el sandbox.
Olivera agregó que se podría imitar también el caso de México, donde se impulsó una ley específica para las fintech. «Que la actividad esté regulada por ley, es buena cosa para los potenciales inversores que ya hoy observan a Uruguay como posible hub fintech de la región, tanto para instalarse como para regionalizar operaciones desde nuestro país», señaló el presidente de la gremial del sector.
Pros y contras.
Un reciente análisis subido a la web de la consultora PwC analiza la situación de «la industria 4.0 en el sector financiero» y resalta que de tres a cinco años la inversión mundial de las fintech podría ascender hasta US$ 150.000 millones. En América Latina, un 25% de las firmas innovadoras de este tipo «operan como plataformas alternativas de financiación», otro 25% funciona en el rol de empresas de pago, y el resto realiza actividades en segmentos como gestión de finanzas empresariales y personales, gestión patrimonial, seguros y bancos digitales.
«La tecnología financiera ayuda en la cercanía con el cliente ofreciendo mayor accesibilidad, flexibilidad y simplicidad. Además, promete mayor eficiencia del servicio y también reduce los costos», destaca PwC y añade que «la combinación de inteligencia artificial y macrodatos podría contribuir a automatizar las calificaciones crediticias, lo que se traduciría en tasas de interés de los préstamos más competitivas para consumidores y empresas».
Pero también menciona «riesgos» asociados a la «reestructuración del panorama financiero» que provocan las fintech. «Pueden poner en peligro la identidad del consumidor o generar nuevas fuentes de inestabilidad en los mercados a medida que aumente la automatización de los servicios», por lo que es imprescindible «una adaptación de la regulación».
TuTasa ya opera en Argentina
La plataforma de préstamos entre pares TuTasa, que opera en Uruguay aunque en agosto pasado debió liquidar el fideicomiso que administraba el dinero recibido de los ahorristas por decisión del Banco Central (BCU) —entendió que hacía intermediación financiera y no una mera mediación entre partes—, comenzó a operar hace semanas en Argentina. El CEO de la empresa, Marcelo Barreneche, dijo a El País que la operativa en el vecino país comenzó con «gran flujo de inversores locales» y también participación de ahorristas uruguayos. Manifestó que aspiran colocar unos US$ 20 millones en Argentina durante el presente año. Por otra parte, en diciembre último TuTasa comenzó el proceso para regularse ante el Financial Conduct Authority del Reino Unido y espera quedar habilitado este año para operar en dicho país. Según un artículo del portal Infonegocios, TuTasa pretende expandirse a Chile y México en primera instancia, y luego a Colombia, Perú y Brasil.
