Fuente: Estrategia
La iniciativa de diputados traspasa la responsabilidad por hurtos, extravíos y mal uso a los emisores de las tarjetas.
Un respaldo transversal ha generado en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la idea de traspasar a los emisores de las tarjetas de crédito la responsabilidad sobre extravíos, hurtos o robos, en cuanto se producen estos hechos, independientemente de que se dé un aviso de pérdida por parte del cliente.
El debate se está realizando sobre la base de tres mociones parlamentarias que modifican la ley 20.009, que serían fusionadas, según indicó Gonzalo Arenas (UDI), integrante de la instancia parlamentaria.
Los legisladores sostienen que es necesario colocar en la ley “incentivos correctos” para incorporar tecnologías antifraudes, no obstante, explican que la Superintendencia de Bancos y la Asociación de Bancos, les indicaron que ya se encuentran trabajando en cómo elevar los estándares de seguridad.
Un aspecto no determinado es el impacto que estos proyectos podrían tener en los costos en caso que los emisores decidan encarecer el sistema. Arenas admite que “es un efecto imposible de controlar. Si uno pide más seguridad, necesariamente tiene que tener un costo. Entiendo que todos los que están a favor del proyecto han asumido que es así, sería una ingenuidad pensar que eso lo van a pagar exclusivamente las emisoras”.
Eugenio Tuma (PPD), integrante de la misma instancia y titular de la comisión de Hacienda de la Cámara, indicó que el aumento de costos “no está descartado”.
Ambos esperan que la competencia morigere ese efecto, si no totalmente, en parte. Arenas remarca que en ello será determinante el proyecto que ingresará al Parlamento sobre deuda consolidada.
Otro punto a resolver, es si se elimina la presunción de derecho que establecen estas iniciativas, lo que no admite pruebas en contra de una situación por parte de los emisores, y sí se permite demostrar por parte de la empresas que hubo dolo o fraude por parte de un cliente.
