Fuente: La República
Más de la mitad de la población en Latinoamérica realiza transacciones en línea.
El modelo de negocio basado en transacciones financieras electrónicas continúa en franco crecimiento por su conveniencia para los usuarios, pero también se ha convertido en una nueva oportunidad para los ciberdelincuentes.
Ante tal panorama, el sector financiero no debe quedarse de brazos cruzados, ni demorar en la adopción de tecnología que permita proteger la información y el dinero de sus usuarios.
Para las Fintech -como se le conoce a la industria financiera asociada a la tecnología – es una cuestión de vida o muerte, ya que, si fallan en proteger a sus usuarios, el resultado será la afectación de la marca.
“Para enfrentar los retos que presenta el mercado financiero en el país, es necesario que las instituciones hagan uso de soluciones especializadas que les permita diversificar y digitalizar su oferta, de forma segura, para ser más competitivas”, explica Facundo Renzini, gerente de Fiserv para Centroamérica y el Caribe.
Por su parte, los usuarios también tienen su cuota de responsabilidad en cuanto a la correcta administración de sus transacciones para evitar que se transformen en un dolor de cabeza con consecuencias muchas veces irreversibles para su patrimonio económico.
“Contar con una cuenta bancaria y una tarjeta derivada de ésta únicamente para pagos en línea es, al menos, la mejor opción que tenemos en Costa Rica para proteger nuestras cuentas”, recomienda Esteban Jiménez, experto en ciberseguridad de Atti Cyber.
El uso de criptomonedas para financiar el narcotráfico y alojar mercados ilegales en la ‘red oscura’ son solo dos de las preocupaciones que mantienen en alerta a las autoridades a nivel mundial, según explica Eun Young, director del Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“A pesar de que la estructura vinculada a las criptomonedas es bastante segura, sí se han presentado vulneraciones en los últimos años, aunque no son frecuentes, como su uso para blanqueo de capitales y la manipulación de equipos de usuarios, sin su permiso, para aprovechar el poder computacional a escala para minar criptomonedas de forma eficiente”, agrega Miguel Pérez, director de la Escuela de Ciberseguridad de Cenfotec.
Y es que el portafolio de servicios ofrecido por la industria fintech en nuestro país es cada vez más amplio, desde aplicaciones como Komp.AI que utilizan la inteligencia artificial según los hábitos de navegación en el celular para promover contactos directos entre instituciones bancarias y aseguradoras, hasta herramientas para transaccionar criptomonedas de una forma segura.
“Nuestro servicio cuenta con estándares mundiales de seguridad que definen los requisitos para gestionar todo tipo de medidas de protección involucradas en el tratamiento, procesamiento o almacenamiento de información con la finalidad de reducir el fraude y aumentar la seguridad de estos datos”, comenta Mario Hernández, CEO de Impesa, desarrolladora de una solución de compra y venta de criptomonedas 100% costarricense.
La necesidad de contar con mayor regulación en seguridad para la banca, con cobertura hacia la industria fintech, es de vital importancia para mantener en el usuario la credibilidad en este modelo comercial, según coincide Stanley Pérez, Country Manager de KompAI.
Oportunidad para delinquir
El uso de activos digitales ha retado a los delincuentes a reinventarse y fortalecer sus operaciones delictivas ya existentes en áreas puntuales, según Eun Young, director del Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
- El uso de la criptomoneda como medio de pago para financiar actividades delincuenciales, por ejemplo, cobrar recompensas en bitcoins ante ataques consumados de ransomware.
- Su utilización como medio para ocultar actividades financieras ilícitas, tales como lavado de dinero, evasión de impuestos y generación de estrategias para dificultar el rastreo de fondos
- Aumento de fraudes dirigidos a personas físicas, jurídicas o inversionistas en proyectos que involucran criptomonedas
