Fuente: Crypto 247
Mario Abdo Benítez rechazó la iniciativa aprobada por el Senado en julio.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, vetó el proyecto de ley aprobado por el Senado en julio para convertir la minería cripto en una actividad industrial. Según el mandatario, el alto consumo de electricidad de la actividad podría dañar la red eléctrica de todo el país.
La ilusión del ecosistema cripto paraguayo de ver una regulación en la minería y comercio de activos digitales en su país ha llegado a su fin. Pese a que la iniciativa pasó con éxito las dos instancias legislativas en el Congreso, Abdo Benítez decidió no poner su firma y el proyecto no verá luz verde.
La iniciativa, que no solo convertía a la minería en una actividad industrial sino que permitía la “comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y administración” de activos digitales, no convenció a la máxima autoridad. Sin embargo, el presidente reconoció que la actividad genera recursos y oportunidades laborales para muchas personas, por lo que podría trabajarse en una propuesta mejor en el futuro.
“La Presidencia se opuso a la regulación de un sector que pide ser controlado y destruye la posibilidad de la llegada de nuevos inversionistas y la formalización de cientos de pequeñas y medianas empresas que viven y dependen de esta industria”, reza la publicación de Presidencia de Paraguay.
Otras implicancias del proyecto
Según la iniciativa aprobada por el Senado de Paraguay hace menos de dos meses, la eventual aprobación final también implicaba un impuesto del 15% a los criptomineros. Asimismo, los mineros individuales y corporativos debían pedir autorización para el consumo industrial de electricidad y luego solicitar una licencia.
Por otro lado, el proyecto reconocía que los criptoactivos son productos de libre compra y venta por aquellas personas físicas y jurídicas que lo deseen comercializar, y enfatiza que los proveedores de servicios de criptoactivos tendrían prohibido realizar custodia de criptodivisas de terceros sin la expresa autorización de la Comisión Nacional de Valores.
