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Empresas alrededor del mundo están creando y fortaleciendo estrategias de ciberseguridad para protegerse frente a las amenazas informáticas que han tenido un auge considerable acentuado durante la pandemia. Sin embargo, las decisiones de expansión en otros países están determinadas por diversos factores como, por ejemplo, la certeza jurídica respecto al tratamiento de los datos.
En Chile, la protección de datos, los ciberdelitos y el resguardo digital de la infraestructura crítica toma fuerza. En 2021 fue anunciado un Sistema Nacional de Ciberseguridad, y existe un proyecto que aborda una nueva Ley de Datos Personales, que incorpora las recomendaciones del Reglamento General de Datos Personales (GDPR por sus siglas en inglés) desarrollado por la Unión Europea, pero que aún sigue en el congreso.
El proyecto establece las condiciones regulatorias para reforzar los derechos de los titulares de los datos, como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, reconocidos como derechos ARCO. La legislación europea hace obligatorio tener el consentimiento del usuario para la utilización de sus datos personales. Además, propone crear la Agencia de Protección de Datos Personales, una entidad pública técnica que asuma un rol fiscalizador.
La débil cultura de ciberseguridad junto con la ausencia de regulaciones acorde a los tiempos, no sólo tiene un impacto sobre la ciudadanía, sino en varios aspectos como la tecnología y también en la economía.
El desarrollo e implementación de tecnologías digitales cuenta con una alta proyección y expectativas, pero la ausencia de marcos regulatorios y normativas puede afectar negativamente actividades como la colaboración, cooperación, negocios y la inversión extranjera. Contar políticas y estrategias nacionales de ciberseguridad es fundamental en la actualidad.
Chile se apresta a lograr una estrategia nacional de ciberseguridad que no solo establezca los derechos que tienen las personas sobre su información personal y que además permita ejercerlos, sino que también brinde certeza a las empresas e inversionistas, mediante las instituciones, iniciativas, legislaciones y mecanismos acordes a las necesidades.
La ciberseguridad será un catalizador para el desarrollo de los negocios, desde diversas perspectivas, sectores y niveles.
