El avance exponencial de la Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una discusión exclusivamente tecnológica para convertirse en el epicentro de la estrategia económica global. En un giro inesperado que redefine la relación entre el Estado, las Big Tech y los ciudadanos, la administración de Donald Trump se encuentra en conversaciones con los principales líderes de Silicon Valley. ¿El objetivo? Adquirir participaciones en empresas de IA y distribuirlas directamente entre la población estadounidense, abriendo las puertas a una era de democratización financiera conocida como Capital Básico Universal (CBU).

Este movimiento no solo busca mitigar el impacto de la automatización en el mercado laboral, sino también transformar la riqueza tecnológica en un activo público. En el corazón de esta negociación se encuentra Sam Altman, CEO de OpenAI, quien ya ha sostenido encuentros con la Casa Blanca para estructurar un modelo de cesión voluntaria de acciones.

Capital Básico Universal: ¿En qué consiste y cómo se diferencia de la RBU?

A diferencia de la conocida Renta Básica Universal (RBU) —que consiste en la entrega de transferencias directas de dinero en efectivo por parte del gobierno—, el Capital Básico Universal (CBU) propone un enfoque patrimonial.

Bajo este modelo, el Estado actúa como un catalizador para la creación de cuentas de inversión individuales para los ciudadanos. Estas cuentas se dotarían con acciones de firmas líderes en IA. De este modo, los estadounidenses no recibirían un subsidio, sino que se convertirían en accionistas del progreso tecnológico, percibiendo dividendos regulares derivados del éxito comercial de la industria.

El esquema cuenta con variantes conceptuales en el ecosistema:

• Fondo de Activos Diversificados: La propuesta corporativa de OpenAI apunta a un fondo soberano a largo plazo que capture el crecimiento tanto de las desarrolladoras de IA como de las industrias que adopten estas tecnologías.
• Computación Básica Universal: Otra alternativa barajada por el propio Altman sugiere entregar a cada ciudadano una “cuota” de potencia de procesamiento de modelos avanzados (como ChatGPT). Las personas podrían usar esta infraestructura para sus propios emprendimientos o rentabilizarla vendiéndola en el mercado.

Un consenso bipartidista inédito: De Bernie Sanders a Steve Bannon

La urgencia por regular y redistribuir los frutos de la IA ha logrado alinear a figuras de extremos opuestos del espectro político estadounidense, un fenómeno poco común en la gobernanza actual.

Desde el ala progresista, el senador independiente Bernie Sanders ha anunciado un proyecto de ley para gravar a las corporaciones de IA con un impuesto único del 50%, destinado a alimentar un fondo soberano de inversión. Por su parte, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, firmó una orden ejecutiva para estudiar la implementación del CBU a nivel estatal, declarando de forma tajante: “No necesitamos caridad, necesitamos propiedad. No se puede salvar la democracia a menos que democraticemos la economía”.

En la acera republicana, la propuesta es vista a través del lente del capitalismo de libre mercado como una vía para reemplazar el tradicional estado de bienestar. Steve Bannon, exasesor de Trump, respaldó las negociaciones con OpenAI, sugiriendo incluso una postura más agresiva: obligar a las firmas a ceder el 50% de su capital. Asimismo, Vivek Ramaswamy defendió estos fondos como una “solución práctica” para combatir el descontento social, argumentando que permite a los ciudadanos acumular riqueza real mediante el interés compuesto.

El debate económico: Desafíos de mercado y riesgos de ejecución

A pesar del entusiasmo político, la implementación del CBU genera profundas dudas entre economistas y reguladores financieros. Uno de los principales riesgos radica en la liquidez y la educación financiera de los beneficiarios.

Ioana Marinescu, profesora de la Universidad de Pensilvania y miembro del Consejo Asesor Económico Antrópico, advierte que si las acciones pueden venderse libremente, los ciudadanos con menores recursos económicos podrían verse tentados a liquidar sus activos rápidamente para obtener efectivo inmediato, transfiriendo el valor de largo plazo nuevamente a inversores institucionales adinerados.

Por otro lado, economistas del Banco de la Reserva Federal de Chicago señalan que amarrar el patrimonio público a empresas específicas podría generar distorsiones de competencia y distorsionar el libre mercado, perpetuando monopolios tecnológicos. Desde su perspectiva, políticas enfocadas en la reconversión laboral y la educación técnica especializada siguen siendo herramientas más eficientes para abordar el desempleo tecnológico.

La paradoja de los datos: El verdadero valor de los usuarios

El debate cobra mayor relevancia tras la publicación de un reciente estudio de la Web3 Foundation, el cual revela el masivo subsidio invisible que los ciudadanos otorgan a las Big Tech. Según la investigación, los datos personales generados por un estadounidense promedio tienen un valor estimado de US$ 393.785 a lo largo de su vida (cifra que supera los US$ 830.000 al ajustarse por inflación).

Este dato sustenta la tesis de que el Capital Básico Universal no es una medida asistencialista, sino una compensación justa. Si los datos de los usuarios son la materia prima indispensable para entrenar los modelos de lenguaje y algoritmos de IA, los creadores de esos datos deberían participar legítimamente de los retornos financieros de la industria.

El impacto real en el empleo

Las alarmas del mercado laboral justifican la prisa de Washington. De acuerdo con datos de la firma Challenger, Gray and Christmas, en lo que va de 2026 (hasta el mes de abril) ya se han registrado 49.135 despidos directos atribuidos a la adopción de la Inteligencia Artificial. Esta cifra se suma a las casi 55.000 plazas de empleo destruidas por la misma causa durante el año 2025.

Mientras la banca tradicional y los servicios financieros globales aceleran su transición hacia la hiper-automatización y los agentes de IA predictivos, el diseño de nuevos paraguas de protección económica e inclusión financiera se vuelve prioritario. La iniciativa de la Administración Trump podría marcar el inicio de un cambio de paradigma: pasar de una economía basada puramente en el salario a una sustentada en la co-propiedad de los medios de producción digitales.

Fuente: Forbes