Por Eric Parrado, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras
Fuente: Diario Financiero
Hasta hace muy poco tiempo a la mayoría de los trabajadores se les pagaban sus sueldos con dinero en efectivo o con un cheque. El contar con una cuenta corriente, una tarjeta de crédito o incluso una tarjeta de débito era un verdadero lujo. Afortunadamente, el mundo cambió con la era digital y los instrumentos financieros, incluyendo los medios de pago, se han vuelto mucho más accesibles.
Hoy, tras la primera transformación que experimentaron los medios de pago gracias a internet, e198% de la población mayor a 15 años tiene acceso al menos a algún instrumento financiero y la tenencia, en promedio, es de 5,5 instrumentos por persona. Y en el caso de las tarjetas de débito y crédito, la tenencia promedio llega a casi 3 tarjetas tanto bancarias como no bancarias.
Pero pese al innegable avance que ha experimentado la inclusión financiera en nuestro país en la última década, de la mano de la masificación de la Cuenta RUT, aún existe un largo camino por recorrer, tanto en el acceso como en el uso de estos instrumentos. Según la base de datos Global Findex del Banco Mundial de 2014 sólo el 39,8% de la población adulta en Chile utiliza su tarjeta de débito y un 22,6% su tarjeta de crédito para realizar pagos electrónicos, a su vez un 14,6.3/0 lo hace a través de internet. Nos encontramos sobre el promedio latinoamericano, pero muy por debajo del promedio de transacciones que registran los países de la OECD. La buena noticia es que se están generando excelentes condiciones para lograr una inclusión financiera de mayor calidad y variedad en nuestro país.
En particular, la nueva Ley de Medios de Prepago y su normativa asociada conlleva diversos beneficios potenciales. Esta iniciativa, que permitirá que actores no bancarios emitan tarjetas con provisión de fondos -tarjetas de prepago- ampliará la puerta de entrada para una parte importante de la población que se encuentra desatendida y que podrá tener acceso a servicios financieros regulados y fiscalizados, que mejoren su calidad de vida. Acercará, por ejemplo, a quienes viven en lugares apartados para cobrar sus beneficios sociales sin necesidad de desplazarse; permitirá a más personas la posibilidad de realizar pagos electrónicos, democratizando los avances de la tecnología, permitiendo acceder y ofrecer bienes y servicios de otras localidades. También mejorará la seguridad al permitir no portar efectivo y disminuirá la posibilidad de fraudes.
Asimismo, el hecho de que la regulación solo contemple a aquellos responsables por el pago a los comercios, abre la posibilidad del surgimiento de un sinfín de compañías que provean soluciones creativas y con distintos niveles de tecnología, sin la necesidad de contar con una carga regulatoria excesiva. Esto podría ser una oportunidad para las empresas que están innovando en el ámbito financiero (fintechs), para la competencia y la innovación.
El marco legal y normativo de este mercado está pronto a ser finalizado. La Ley que autoriza la emisión de estas tarjetas por parte de emisores no bancarios fue promulgada en octubre de 2016. El Banco Central de Chile ya emitió su normativa asociada a su regulación, y el eslabón final de esta cadena es la normativa asociada a su fiscalización, hoy en consulta pública, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Terminado este proceso, el mercado de las tarjetas de prepago no bancario estaría listo para empezar a operar en el último trimestre del año. Todos los beneficios, sin embargo, presentan importantes desafíos para la industria financiera, los usuarios y el supervisor. Por una parte, el potencial aumento en el número de instrumentos de pago y la entrada de nuevos comercios o servicios aceptantes de estos medios, representan un reto a la capacidad de respuesta de las redes existentes y requiere de una revisión del actual sistema.
Por otra parte, los usuarios deberán familiarizarse con este nuevo producto y sus formas de uso para potenciar los beneficios que pueden obtener. En este sentido, el rol que jueguen los mismos emisores de las tarjetas y la autoridad en educar financieramente a la población es vital.
En relación al supervisor de estos medios de pago, los retos no son menores, particularmente en la fiscalización de estos instrumentos que se espera sean de carácter masivo y al mismo tiempo, la incorporación de nuevos actores bajo un esquema de fiscalización financiera especializada.
En suma, la Ley de Medios de Prepago podría transformarse en la verdadera revolución de la transformación que vivieron los medios de pago hace algunos años, abriendo enormes oportunidades para desarrollar el mercado y mejorar el bienestar financiero de todos los chilenos.
