Los subsecretarios de Economía y de Hacienda estudian reflotar el proyecto que está en el Congreso, aunque con modificaciones. Ya se han reunido con el Comité de Retail Financiero y la Asociación de Bancos.
Hace un año que el proyecto de ley que crea la primera base consolidada de deudas comerciales de las personas, y que genera polémica entre el retail y la banca, está paralizado en el Congreso. Su discusión no avanzó, pese a que cada semana la Comisión de Economía de la Cámara Baja, donde está el texto, lo puso en tabla. La iniciativa fue diseñada por el equipo de la ex subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, y aunque fue clave en su gestión, ésta desistió de tramitarla por la falta de consenso político.
En marzo pasado, dicha comisión de la Cámara de Diputados, que preside el diputado UDI Gonzalo Arenas, decidió reactivarlo y preguntó al gobierno si seguirá o no con la idea. La respuesta fue positiva. Hoy los subsecretarios de Hacienda, Rodrigo Alvarez, y de Economía, Tomás Flores, estudian reflotar la propuesta, aunque con modificaciones vía indicación sustitutiva.
El proyecto obliga a los operadores de crédito a informar a una base única de datos las deudas al día y morosas de sus clientes. Se argumenta que eso permitiría a la autoridad (Banco Central y Superintendencia de Bancos, Sbif) y a los actores financieros conocer el endeudamiento total y detallado de los consumidores, su capacidad e historial de pago y definir mejor su riesgo.
El texto reúne en un solo registro la información de todos los clientes de la banca y también de los 16,3 millones de titulares de tarjetas no bancarias, de las cuales 5,9 millones están activas. En 2009, ese negocio registró 205 millones de operaciones, por US$ 9.136 millones, y en el cuarto trimestre de ese año un 10,5% de su cartera estaba en mora.
La definición sobre el tema se anunciará en junio. «Se me ha informado que la decisión del Presidente Piñera es legislar. La idea es avanzar a un sistema integrado que permita calidad de información crediticia a todo el sistema financiero«, dice Arenas.
En el equipo económico estudian el actual proyecto. «Nuestra primera inclinación es optar por una indicación sustitutiva que plasme la visión del gobierno«, adelantan.
CONTACTOS DECISIVOS
Hace un mes, Arenas se contactó con Alvarez para agendar una reunión con el coordinador de Mercado de Capitales de Hacienda, Pablo Correa. El parlamentario fue acompañado de la diputada UDI Mónica Zalaquett, integrante de la comisión.
«Ellos quedaron de ver si siguen con el texto actual o desglosan la idea en otras reformas al mercado de capitales, como puede ser el proyecto de Sernac Financiero. Nuestra impresión es que irán por carriles separados«, dice Arenas. También se reunió con el subsecretario de Economía por el tema.
TRES ARGUMENTOS
La obligación de reunir en una base única los datos de los consumidores ha generado tensión entre el retail y banca desde los 90. Mientras la primera -que conoce las deudas al día y morosas de clientes y competidores- opina que imponerle la entrega de sus bases es expropiarle un activo clave, la banca cree que desconocer el detalle de deuda de cada cliente puede generar errores en la evaluación de riesgo financiero, elevar el nivel de deuda del sistema y afectar la cadena de pagos.
También genera discusión el mecanismo para acceder a los datos. El proyecto original fija la obligación de pedir al titular su autorización para informar a terceros de sus deudas al día (la norma actual sólo facilita informar deudas morosas), lo que no gusta al retail y bancos. En el gobierno analizan si mantener la idea de una base de uso privado de las personas -que deberían autorizar por escrito el acceso a sus datos-, o si el registro debiera proveer información a cualquier operador que pague por ello.
En el equipo económico explican que la razón para reflotar el tema se sustenta en que «no es bueno para una economía como la chilena que no haya una base integrada de información«, pues abre tres flancos. Primero, riesgo de sobreendeudamiento en algunos sectores, en particular de ingresos medios y bajos. Segundo, asimetría de información, porque si los prestadores de dinero, como la banca y cajas de compensación, no saben bien cuánto debe su cliente, no pueden evaluar correctamente el riesgo implícito de crédito. Tercero, se genera una debilidad en la cadena de pagos, en caso de una crisis de origen sistémico.
El tema ya fue analizado en reuniones entre el gobierno y el Comité de Retail Financiero de la Cámara de Comercio de Santiago y la Asociación de Bancos. La decisión del Ejecutivo es que la propuesta final se tramite junto al proyecto de ley sobre protección de datos personales que también se revisa en la Comisión de Economía.
Fuente: latercera.com
